Ante
los atentados contra el interés o el derecho que las personas tienen, a que se
respete su existencia material (desde el comienzo de la misma y hasta su muerte
natural), está siendo desconocido no sólo por los delincuentes, sino también
propiciada por algunas autoridades de organismos gubernamentales, como así
también desde la docencia universitaria (especialmente la penal al promover la
legalización del crimen del aborto) y aún la magistratura judicial (criterio
amplio o laxo en la interpretación de las denominadas causas absolutorias de
honor).
Tales
enseñanzas y fallos judiciales concluyen señalando que el derecho a la vida no
es absoluto, en clara contradicción con el Sistema Internacional de Derechos
Humanos, con el ordenamiento jurídico argentino de orden interno y con
importantes precedentes de la misma CSJN, y excluyendo de la aplicación del
principio in dubio pro homine a la persona por nacer y sus derechos, al
asumir una interpretación del ordenamiento que contradice dicho principio
concluyendo en la negación de la vigencia real del derecho a la vida del niño
por nacer.
Asimismo,
establecen un arbitrario orden de prelación entre Derechos Humanos, admitiendo
que no todos los concebidos son “iguales” y por tanto no son merecedores de los
mismos derechos. Ello implica una clara discriminación según sea el origen de
la concepción y la creación de distintas categorías de habitantes, justificando
la eliminación de las personas por nacer, pisoteando su intrínseca dignidad e
inviolabilidad inherente por el sólo hecho de ser seres humanos y resultando
así no respetados como fin en sí mismos.
Desconocen,
además, el respeto por la denominada “objeción de conciencia institucional”,
que protege a las instituciones que, en virtud de su ideario, tienen una
cosmovisión que les impide llevar a delante una práctica que afecta el derecho
a la vida.
Teniendo
en cuenta que, con tales criterios erróneos, se puede llegar a extender la
causal de inimputabilidad a cualquier caso, con graves consecuencias.
Sabe
VE que la mayor responsabilidad del Estado y los miembros de esa Cámara y de
esa Legislatura provincial que preside VE, son quienes tienen la grave carga
constitucional de velar por que se respete el derecho a la vida de todos los
habitantes, con independencia del origen de la concepción.
1. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental
y base de los demás derechos humanos, y como tal debe ser asegurado y protegido
en forma igualitaria para toda persona desde el momento de su concepción y
hasta la muerte natural.
2. El derecho a la vida, como todos los derechos
humanos fundamentales corresponden a todo ser humano por su sola condición de
tal, y están en una relación inescindible con la dignidad humana que nos hace
iguales en el goce y titularidad de los mismos.
3. Los derechos humanos esenciales, y entre ellos, el
derecho a la vida son irrenunciables e innegociables, en tanto su violación
atenta contra la esencia misma del ser humano.
4. La dignidad humana, inherente a toda persona, no
puede ser arrebatada por nadie bajo ninguna circunstancia, y es independiente
de las circunstancias que rodean a la persona. Su entidad no depende de la
persona ni varia conforme la edad, condición social, raza, religión, etc.
5.
EN POS DE PROMOVER una sociedad Argentina más humana:
El
aborto es una agresión y no una ayuda a la mujer.
El
aborto es una nueva forma de violencia contra la mujer y un signo de
deshumanización de la sociedad.
Nuestra
visión es más humana: para proteger a la madre, hay que salvar a las dos vidas.
LAS
DOS VIDAS IMPORTAN, PUES AMBAS TIENEN EL MISMO VALOR Y DIGNIDAD.
Si esta
visión inhumana del aborto que desestima la ciencia y la experiencia concreta
se proyecta ahora en el resto de la Sociedad Argentina, estaría creando un
terrible precedente discriminatorio en el derecho argentino: la creación de
dos categorías de personas, las deseadas, a las cuales les asisten todos
sus derechos, y las no deseadas, que, al no tener siquiera derecho a la vida,
no pueden tener ningún otro derecho.
Lo
cierto es que el aborto es una nueva forma de violencia contra la mujer y un
signo de deshumanización de la sociedad. La mayoría de las mujeres abortan
por presión social, violencia o maltrato psicológico. Promover el aborto no es
ayudar a la mujer sino perpetuar la violencia hacia ella.
EL
ABORTO MATA UN BEBÉ Y DESTRUYE PSICOLÓGICAMENTE A LA MADRE.
Queremos
una verdadera respuesta al drama de violencia hacia la mujer, y sabemos que
este no es el camino. Una sociedad democrática debe ofrecer soluciones
amparadas en una visión humanitaria, sobre todo ante la cada vez más inhumana
situación social que estamos viviendo. En este y en todo caso, el aborto
destruye una madre y mata un hijo. Deja una herida en la mujer para toda la
vida. Hay una madre y un hijo que proteger. La
solución no tiene opción, es un deber de la sociedad: Para
proteger a la madre, hay que salvar a las dos vidas.
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